Mientras se desarrolla el referéndum
por la independencia de Escocia, es interesante analizar el mapa de los
sectores independentistas en Europa. Son más de 40 fuerzas políticas en una
veintena de países de la Unión Europea.
Las potencias occidentales, temen un efecto dominó en que caso de ganar el “si”.
España es la zona con más conflicto, especialmente en Cataluña, el país Vasco,
Galicia y Andalucía. Las islas Canarias, otro caso emblemático.
Además de las mencionadas, en el mapa figuran también otros
de los que quizás no tienen mucha prensa, como por ejemplo el movimiento
nacionalista del archipiélago de Aland, en Finlandia, o el de la región polaca
de Silesia. Asimismo muestra una Italia, Austria y Alemania fragmentada.
El partido Alianza
Libre Europea (conocido también como 'Partido Democrático de los Pueblos de
Europa') está formado en total por 40 fuerzas políticas de una veintena de
países de la Unión Europea.
Escocia
El referendo es consecuencia del debilitamiento de los
sectores dominantes de la sociedad británica. La crisis del capitalismo, la
aplicación del modelo neoliberal, los recortes sociales (más de 75 mil millones
de euros ) y la destrucción del estado de bienestar han agravado la situación y
potenciado los argumentos independentistas.
El gobierno escocés dice que la unión entre Inglaterra,
Escocia y Gales, no tiene ningún propósito y que una Escocia independiente, con
su riqueza petrolera, podría convertirse en uno de los países más ricos del mundo.
Las reservas de petróleo y gas son clave en esta contienda
independentista, que tiene grandes implicaciones económicas.
En el Mar del Norte se encuentran grandes yacimientos
petroleros que generan recursos anuales estimados por 40 mil millones de dolares
al año.
Los partidarios de la independencia apuntan al modelo de
Noruega, que invierte la bonanza petrolera en un fondo soberano de inversiones,
lo que podría convertir a Escocia en un Estado rico, si logra la independencia.
Si la mayoría de los votos emitidos en el referendo es No,
Escocia debe seguir rigiéndose como hasta ahora, con competencias transferidas
a Holyrood y poderes reservados ejercidos a Westminster.
Eso significa que Escocia perderá la oportunidad, por
ejemplo, de eliminar el impuesto dormitorio e invertir en su riqueza
energética. Adicionalmente, los escoceses seguirán sufriendo las medidas de
recorte del estado de bienestar promovidos por los gobiernos conservadores.
Escocia continuará pagando miles de millones de libras para
las armas nucleares cuando la mayoría de los escoceses desean invertir estos
recursos en cosas como mejores pensiones o un mejor cuidado de los niños.
El actual parlamento escocés tiene competencia en asuntos
como salud, educación, vivienda, y transporte, mientras el parlamento y
gobierno británico controlan áreas como la defensa, asuntos exteriores,
macroeconomía, el sistema de seguridad social y la regulación financiera así
como gran parte de los impuestos.
La independencia de Escocia supondría un duro golpe al Estado
británico y a su posición geoestratégica debido a la pérdida de un gran
territorio y sus recursos naturales.
El Gobierno escocés cree que la independencia es la clave
para el éxito económico.
El Gobierno escocés cree que la independencia es la clave
para el éxito económico. Alex Salmond ha manifestado que “Escocia necesita
control sobre los poderes económicos y fiscales para desbloquear el potencial,
impulsar el crecimiento y crear puestos de trabajo sostenibles, bastante
recompensados”.
Además, Escocia tendría el control total de las balanzas más
eficaces del crecimiento - como el impuesto, el bienestar y la regulación –
permitiendo el desarrollo de políticas orientadas a generar un crecimiento
económico sostenible y calidad de vida a la población en general.
Para EE.UU. las consecuencias económicas del proceso
independentista serían "sorprendentemente negativas".
"La desintegración del Reino Unido sería la disminución
de Gran Bretaña y una tragedia para Occidente, precisamente en el momento que
EE.UU. necesita a aliados fuertes", admitió el ex vicesecretario de Estado
norteamericano y ex presidente del Banco Mundial, Robert Bruce Zoellick.
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